El gobierno del camarada Sánchez
quiere reformar muy a fondo la justicia, y dónde irá el buey bolivariano que no
are. Claro, que el ínclito Bolaños nos asegura que lo que se traen entre manos
es una modernización de ese maltrecho poder del Estado. Ahora, otra cosa son las leyes
procesales a las que ya han hincado el diente para hundir al justiciable, nos debemos centrar en
cuestiones de personal, esto es, jueces y fiscales y su acceso a dicha carrera.
Para este gobierno la cosa está
clara y viene avalada por la más cruda realidad: jueces y fiscales son, y por
una mayoría nada desdeñable, de talante conservador, luego algo habrá que hacer
para equilibrar la balanza. ¿Y por qué son conservadores? Porque sólo los
privilegiados, sostienen los promotores del invento, se pueden permitir el lujo de mantener a sus hijos unos cuantos
años hincando los codos, pagando manuales y preparadores-que también son jueces
y fiscales-y por supuesto dándoles de comer, que del aire no se vive. Este
razonamiento no se sostiene de ninguna de manera, pues son legión los jueces y
fiscales de origen humilde que han alcanzado ese objetivo gracias a unos padres
que creyendo a pies juntillas en eso que conocemos como ascensor social han hecho el
esfuerzo necesario, renunciando a los pequeños placeres que alegran un poco la
existencia.
Perseverando en el error, o más
bien en la mala fe, pretende el ejecutivo establecer todo un sistema de becas
para que los más desfavorecidos pueden estar esos años de estudio disfrutando
de una paga que nunca será inferior al salario mínimo. ¿Y si el becado es un
inútil o un pícaro que no aprovecha el tiempo? ¿Devolverá el dinero al contribuyente? ¿Quién
se pronuncia sobre esa inutilidad o picaresca? No se sabe, porque los preparadores también
están en el punto de mira, pues se trata de jueces y fiscales que no declaran
al fisco, eso sostiene Bolaños, ese dinero extra que llega a sus bolsillos. Luego
habrá que crear un cuerpo de funcionarios-será por dinero-para ese menester.
Si no conociésemos a este
gobierno nos preguntaríamos por qué se desconfía de un sistema, la oposición pura
y dura, que con todas sus imperfecciones ha demostrado ser el más adecuado de
los posibles, pues garantiza el mérito y la capacidad para el desempeño de esa
magistratura. De ahí que la reforma prevea un aumento del acceso a la
judicatura por el llamado cuarto turno, o lo que es lo mismo, que otros
profesionales del Derecho puedan acceder mediante la vía del
concurso-oposición, y ahí entramos en el siempre peligroso terreno de los
méritos, la solidez y rigor técnicos exigibles
según el anteproyecto. ¿Y qué composición tendrá el tribunal que evalúe todo
eso? Mejor no pensarlo, pero es fácil adivinarlo.
Veremos en qué queda todo esto,
dadas las dificultades del gobierno para legislar, pero es evidente que estamos
ante la tentación de crear, como aquel hombre nuevo del viejo socialismo,
nuevos jueces que distarán mucho de
estar al servicio de la justicia. Y no será porque últimamente no hayamos
tenido ejemplos de sobra en ese sentido.
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