Un anciano, más de ochenta primaveras,
es condenado por matar al ladrón que entró en su casa con intenciones nada claras, al menos eso se deduce de la motosierra que portaba el amigo de lo
ajeno. Lo curioso del caso es que el veredicto de culpabilidad viene de un
jurado popular, lo que vuelve a demostrar que el pueblo soberano tiene muy
asumidas ciertas cosillas íntimamente ligadas a lo políticamente correcto.
Lo más gracioso, no obstante, es
que el fiscal, en su alegato final, decía que el anciano no había defendido su
vida sino su propiedad, de ahí el castigo que solicitaba, y que debería haber
huido y dejar al ladrón maniobrar con tranquilidad. Y es que es de sobras conocido
que en España la propiedad privada no tiene defensa legítima: ¿cómo la va a
tener si la carta magna de la que emana el resto del ordenamiento jurídico no
reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental y asevera que tiene
una función social? Al anciano le quedan los recursos pertinentes, y si no,
magro consuelo, el indulto. Suerte para él.