Papeles para todos

 

Muchas cosas sorprenden de la regularización masiva de extranjeros, o inmigrantes, o migrantes, como dicen los cursis que implementan, pero ninguna como esa posibilidad de legalizar la situación en España que tendrán aquellos que se encuentren en prisión provisional a la espera de juicio. Y así, de sopetón e improvisando, hemos pasado de exigir la carencia de antecedentes policiales a tolerar que puedan tener papeles aquellos que están a la espera de juicio y que, posiblemente, serán condenados un día no muy lejano. ¿Y entonces, qué?, se pregunta el personal que paga impuestos y que todavía cree en el imperio de la ley. Pues entonces nada, pues serán ya derechos adquiridos que no se podrán revocar, salvo improvisación de este legislador, lo que no parece.

Los promotores del despropósito alegan que negar esa posibilidad al preso preventivo sería vulnerar la presunción de inocencia a la que todos tienen derecho, principiando por la esposa del camarada Sánchez. Como fina y rebuscada técnica jurídica no está mal, que para eso el ministro Bolaños es rábula de reconocido prestigio, pero choca con aquello que dispone el Código Penal para aquellos extranjeros que sean condenado a una pena de prisión de más de un año, lo que sucederá en la mayoría de esos casos más tarde o más temprano. Pero ya estamos hablando del sentido común y de la justicia material, conceptos reñidos con un legislador tan corrupto como criminal. Y es como sentenció Quevedo, allí donde hay poca justicia es peligroso tener razón.

Los vulnerables

 

En Barcelona, ciudad sin ley, un hombre de más de sesenta años se desplaza en silla de ruedas y toma asiento en un banco para tomar el sol primaveral. De repente, un extranjero de los habituales para estos menesteres se acerca con ánimo de ave de rapiña y le arranca una cadena, ante lo que el hombre de más de sesenta años se defiende con una pequeña navaja y el presunto delincuente, herido de muerte, pasa a mejor vida mientras emprendía la huida.

Consecuencia de lo anterior es que el hombre en silla de ruedas acaba en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio. ¿Reiteración delictiva? No lo parece. ¿Riesgo de fuga? Quia. Al hombre en silla de ruedas y que necesita oxígeno de manera permanente le han hecho un bocadillo entre juez y fiscal, algo habitual entre ropones de reconocido prestigio. Ahora, y tras una cierta presión popular, parece que la fiscalía recula y dice que pedirá su libertad si se acredita que el hombre está en una situación vulnerable. Terrible redundancia, la de la vulnerabilidad de la víctima del delito. Pleitos tengas y los ganes.

La Comisión

 

El gobierno del camarada Sánchez ha creado una Comisión de la Verdad -no es broma pese al sonido orwelliano que tiene la cosa-para esclarecer las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo. Como toda comisión-la célebre Cheka era otra comisión-necesita un presidente, y quién mejor que el jurista de reconocido prestigio Baltasar Garzón para comandar esa nave de la justicia extemporánea y fraudulenta. No sería osado aventurar que tal comisión, si nos centramos en la guerra civil, sólo investigará los crímenes presuntamente cometidos por el bando vencedor, soslayando las tropelías cometidas por los vencidos, que fueron los auténticos chekistas.

Siempre se dijo, y con razón, que los republicanos perdieron la guerra pero ganaron la literatura, si bien también ganaron la batalla de la propaganda. Ahora, casi cien años después, van más allá y pretenden ganar otra batalla, la de la Verdad. Y cuando Verdad se escribe con mayúsculas y precisa del presupuesto público es lo más parecido a la mentira. Y para ello nada mejor que un gestor para esa comisión como aquel que otrora bautizaron como el juez campeador, el mismo que devino en prevaricador. Y es que prevaricar y mentir son acciones que siempre fueron de la mano.