Muchas cosas sorprenden de la regularización
masiva de extranjeros, o inmigrantes, o migrantes, como dicen los cursis que
implementan, pero ninguna como esa posibilidad de legalizar la situación en
España que tendrán aquellos que se encuentren en prisión provisional a la
espera de juicio. Y así, de sopetón e improvisando, hemos pasado de exigir la
carencia de antecedentes policiales a tolerar que puedan tener papeles aquellos
que están a la espera de juicio y que, posiblemente, serán condenados un día no
muy lejano. ¿Y entonces, qué?, se pregunta el personal que paga impuestos y que
todavía cree en el imperio de la ley. Pues entonces nada, pues serán ya
derechos adquiridos que no se podrán revocar, salvo improvisación de este
legislador, lo que no parece.
Los promotores del despropósito
alegan que negar esa posibilidad al preso preventivo sería vulnerar la
presunción de inocencia a la que todos tienen derecho, principiando por la
esposa del camarada Sánchez. Como fina y rebuscada técnica jurídica no está mal,
que para eso el ministro Bolaños es rábula de reconocido prestigio, pero choca
con aquello que dispone el Código Penal para aquellos extranjeros que sean
condenado a una pena de prisión de más de un año, lo que sucederá en la mayoría
de esos casos más tarde o más temprano. Pero ya estamos hablando del
sentido común y de la justicia material, conceptos reñidos con un legislador tan
corrupto como criminal. Y es como sentenció Quevedo, allí donde hay poca justicia
es peligroso tener razón.
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