Odia el delito

Aprieta el calor, algo menos que los papeles de Bárcenas, y volvemos con la máxima socialdemócrata en materia penitenciaria. Dos expresidentes de los Ferrocarriles de la Generalitat salen de prisión al  mes y medio de haber entrado. Todo un récord, pues habían sido condenados a más de cuatro años por malversar cerca de tres millones de euros. Lo gracioso, y ahí ya tenemos el perdón del ofendido adherido al expediente, es que es la propia administración catalana, en teoría perjudicada por esta delito, la que concede el tercer grado a unos individuos que, según la junta de tratamiento, tienen la férrea voluntad de devolver el dinero. Se desconoce si el fiscal, aparente garante de la legalidad en una tierra sin ley, recurrirá una decisión que podría ser ajustada a Derecho-otra cosa es la infamia moral que supone el agravio comparativo-pero que contradice una reciente circular del Departamento de Justicia que fijaba que se debía tener cumplida la mitad de la condena para acceder a dicho beneficio penitenciario.

Una vez más, y despreciada la gracia del indulto en un delito de cuello blanco, la compasión por el delincuente-mandándolo a dormir a su casa de lunes a jueves-sepulta los fines de la pena y deja las sentencias firmes en una mera recomendación que al final examinan funcionarios a sueldo del poder ejecutivo, sin que el ulterior control judicial sobre la decisión inspire demasiada confianza en un respetable que sólo ve dos varas de medir en cada telediario y tertulia que se zampa. Imaginen ahora que el gobierno vasco tuviese competencias en una materia tan sensible como las prisiones y, ya puestos, calculen las cuadrillas de Bolinagas que felizmente andarían de txikiteo por tabernas y txokos. La descentralización administrativa consagrada en la carta magna era esto: alejar la justicia del pueblo y acercarla a las manos de los políticos.