La Generalidad valenciana, que es
incluso peor que la catalana, había decidido prohibir la incineración de obesos
mórbidos, y todo para no contaminar más de lo razonable. Una vez muertos, se
entiende. Pero ha sido visto y no visto: tras un cierto clamor en contra, con mucho ruido mediático producto de la mala imagen de los hornos crematorios, la autoridad ha reculado y guarda el decreto para mejor ocasión, porque uno barrunta que este amago ecológico tendrá continuidad más adelante, y si no al tiempo. Ya amainará.
Dicen que la muerte iguala a todo el mundo, pero no lo considera así un gobierno curiosamente de izquierdas. Hace años se puso de moda la
incineración, quizá para hacer la pascua a la religión, pues parecía que el
fuego era menos sagrado que la tierra y sus gusanos, pero no tardaron en llegar
las restricciones, en especial, según me cuentan, en lo referente a echar
cenizas al mar, que alguno ya ha sido multado por la autoridad competente, marítima
por supuesto. Y es que los muertos, como la basura, tienen mala transición
hacia la nada, qué hacer con ellos pese a que ya no dan ruido. Y mucho peor si la urna con las cenizas pesa un quintal.
Si no ahora, será más adelante cuando los gordos paguen el exceso normativo del progresismo y los
ataques indiscriminados del ecologismo, dos lacras que siempre van de la mano y a las que nadie echa el guante. Señalados
en vida y también en la muerte, para estos enfermos no hay discriminación positiva que
valga, si bien siempre podrán planificar el rito con la suficiente antelación
para que el óbito les coja en un taifa menos restrictivo en esto de hornear. Y si no, que acudan, ellos o sus deudos, al Tribunal
Constitucional, que en cosas más livianas ha metido las narices hasta
quemarse el máximo intérprete de la cosa igualitaria.
