El portavoz del gobierno catalán afirma que no ve ninguna novedad en las últimas sentencias que vuelven a condenar la inmersión lingüística: obviamente, se refiere a que su gobierno, como ya es costumbre, no aplicará el fallo de esas resoluciones.
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Tras conocerse que el Defensor del Pueblo catalán viajó a cincuenta destinos internacionales en dos años, se comprende por qué las quejas contra la inmersión lingüística y las multas por rotular en español caían siempre en saco roto: el Defensor nunca estaba.
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La consejera de justicia catalana-oxímoron-dice que las leyes que consagran la inmersión lingüística son correctas. La consejera, Bozal de apellido, fue durante los años inmediatamente anteriores a su entrada en política jefa de la Abogacía del Estado en Cataluña. Cómo y cuánto tuvo que sufrir en la defensa de los intereses del Estado. ¿O era una célula durmiente?
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Un padre reclama más de diez mil euros a la Generalitat por los perjuicios sufridos por su hija al no poder estudiar en español. Si el ejemplo cunde y los ropones son estrictos en la aplicación de la ley, el descalabro para las maltrechas arcas catalanas puede ser de órdago, de ahí la urgencia de ese concierto económico y fiscal que reclaman los nacionalistas, incluido, aunque sea con su silencio, el Partit Popular Català.

