España es el país de maravillas.
Al parecer, el pasado 25 de agosto un cayuco llegó a las costas de Canarias con
bastante menos pasaje del que partió en su lugar de origen, que tampoco sabemos
cuál es. Según los que llegaron sanos y salvos, y nunca mejor dicho, otros
compañeros de periplo asesinaron a más de 70 de los ocupantes bajo la
acusación, ahí es nada, de brujería. En realidad, suele suceder casi siempre,
todo es más prosaico, y es que la embarcación llevaba un par de semanas en alta
mar y aquello tenía que perder peso por la vía rápida, y a tiros acabaron con
los presuntos brujos los que decieron ser más fuertes y osados.
No entraremos en consideraciones
sobre la inmigración descontrolada y los futuros cotizantes a la Seguridad
Social que se han quedado en el arroyo, pero sí que surge una cuestión
interesante si atendemos a lo que al respecto explican fuentes policiales: que
las pesquisas van por buen camino y que se puede identificar a los autores de
la masacre, que ya están repartidos por centros de acogida y bienestar. Todo
correcto y siguiendo el protocolo, pero…¿y el cuerpo, o cuerpos, del delito? ¿Y
las armas empleadas? Asunto interesante para la maltrecha justicia española y
en especial para los abogados de oficio del archipiélago, que ya no sólo lidiarán
con la extranjería pura y dura sino que deberán asumir la defensa de los
presuntos autores en un crimen de lesa humanidad. Y con lo poco que se cobra en
estos casos. Veremos.
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