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Decía el irrepetible Chiquito de la Calzada...todo el mundo tiene el graduado escolar menos tú, que tienes una etiqueta de Anís del Mono. Algo parecido ocurre con este gobierno, que tiene en nómina a más de cien asesores sin esa titulación ya un poco antigua. ¿Es necesaria una buena formación para asesorar en un ministerio como el de Igualdad? No lo parece. Algunos dirán que se deben guardar, al menos un poquito, las apariencias y exigir una titulación superior para estos menesteres tan trascendentales. Tampoco. La ministra de Hacienda es licenciada en medicina y cirugía y ya ven ustedes…quod natura no dat, Salmantica non praestat. Por eso la ley Celaá es un prodigio que evitará estos aparentes esperpentos: todos, por inútiles, que sean, tendrán una titulación que, al menos en teoría, superará al viejo graduado escolar. Ese día Chiquito y su chiste serán más añorados que nunca.

La carrera judicial

 

A la frase célebre pleitos tengas y los ganes habría que añadir y que el juez que te dé  la razón sea de tu cuerda. Una juez dice que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y se hace una fotografía entregando las llaves al abogado del Estado. Mayor obscenidad en el ámbito judicial no se veía desde que Garzón, el juez campeador, paseaba su oronda figura por la Audiencia Nacional y pedía un certificado de defunción-qué casualidad-del General Franco. ¿Se hará esa misma juez una fotografía entregando las llaves de una vivienda ocupada a su legítimo propietario una vez desalojados los simpáticos ocupas? Quia. Con eso no se hace carrera. 

Fusilamientos privados

 

Dicen que las armas las carga el diablo, no digamos las redes sociales. Veamos un sencillo caso práctico con posibles consecuencias jurídicas. Un grupo de jubilados monta un grupo de whatsapp como forma de entretenerse y paliar al aburrimiento que conlleva el descanso permanente. En un momento dado uno de ellos decide lanzarse por la pendiente y comienza a despotricar del presidente del club de petanca al que todos pertenecen, llegando al extremo de desear el fusilamiento, si se dan una serie de premisas, de otros muchos socios de ese club que no pertenecen al chat. Otros miembros del grupo dan su opinión, más o menos similar, y la cosa queda ahí hasta que alguien filtra el tema-o lo captan los maderos de Marlis-y arde Troya.

¿Tiene explicación que arda Troya? ¿Puede tener relevancia penal que se hagan públicas unas conversaciones privadas? Depende: desde que los ropones del Tribunal Supremo decidieron que una conversación telefónica entre dos personas puede ser grabada por una de ellas sin el consentimiento de la otra y llevada ante un juez, la cosa está complicada para el locuaz confiado, si bien en el caso de los jubilados del club de petanca hay algún matiz, pues parece que todos van en la misma línea de ataque. Además, el que incita al fusilamiento ya avisa: si es verdad lo que dice (refiriéndose a un historiador de la petanca), para mí si lo es, no queda más remedio que fusilar a 26 millones de hijos de puta. Luego el deseo de fusilar-complicado, pues otro contertulio le dice que sería necesaria igual cantidad de balas-depende de una condición: que sea cierto lo que dice el historiador, y ya se verá, porque el estudioso de la petanca en cuestión está considerado un revisionista, un apestado, y parece que todo lo que cuenta en sus libros es una falsedad de tomo y lomo. ¿Entonces?

En cualquier caso, como dice Eneko Errejón, el Milhouse del neocomunismo, refiriéndose a los golpistas catalanes, las ideas no delinquen. ¿Entonces? ¿Delinquen ideas o simples deseos que se expresan en conversaciones privadas? Veremos. La cosa promete. Pleitos tengas y los ganes.

Un cuarto de millón

 

Una exministra del gobierno socialista, y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, nos dice que se necesitan 250.000 inmigrantes al año para garantizar el Estado del Bienestar y las pensiones. La cifra por sí misma no debe asustar, pues al paso que van llegando inmigrantes a las islas afortunadas el objetivo se cumplirá con creces, un año tras otro. El problema viene para colocarlos a todos, suponiendo que ellos quieran, en alguna actividad productiva, ya que no hay pensiones sin cotizaciones de la población activa. Ahí viene el problema: 250.000 empleos al año para inmigrantes y otros miles más para los nacionales que se vayan incorporando al mercado de trabajo. Si miramos los datos de creación-mejor sería decir destrucción-de empleo, la cosa se antoja harto complicada. Y los bares a medio gas.

Una solución sería que el gobierno lanzase una gigantesca oferta de empleo público para esos cientos de miles, y años tras año, sin rubor. Pero para ser funcionario o asimilado se precisa, a día de hoy, la nacionalidad española. No sería problema para este gobierno: por la vía rápida se concede la nacionalidad española a esos inmigrantes a la vez que se otorga la independencia a vascos y catalanes. Una vez más, las gallinas que entran por las que salen. Pero la nómina de los servidores públicos se paga con los impuestos que se recaudan. Luego volvemos a la casilla de salida. Y los bares a medio gas.

Veremos, pero seguro que sus señorías de la citada comisión saben encontrar la tecla una vez los 250.000 hayan entrado y ya no se  les pueda echar. En cualquier caso, una cosa está clara: con esa cifra mágica el Estado del Bienestar está más que garantizado. Funcionará a toda máquina. No hay duda.