Nueve hombres sin piedad

Estaba cantado desde hacía tiempo: un jurado popular condena a José Bretón por el asesinato de sus dos hijos. También estaba escrito que el reo acogería el veredicto del pueblo sin pestañear, actitud imperturbable mantenida a lo largo del juicio que sin duda dará para que unos cuantos periodistas y (para)psicólogos escriban algún que otro libro sobre lo que ellos consideran síntesis y metáfora de la maldad. España está feliz con una decisión que reconcilia al castigado pueblo con la no menos castigada justicia y ya sólo espera que empiece la Liga de fútbol antes de que el tórrido verano cause más estragos de los habituales. Pero España también ha respirado aliviada con un veredicto que se hacía esperar más de lo habitual y que hacía presagiar lo peor, que Bretón se pudiese ir de rositas por alguna que otra duda razonable sembrada por la ausencia de pruebas de ADN o por una cadena de custodia de los restos que dejaba mucho que desear. Pero la sangre no llegó al río y la decisión fue unánime, televisada y aplaudida a partes iguales. Queda la sentencia y la pena a imponer por tan repugnante crimen, y hasta el ya anunciado recurso de la defensa, pero eso ya forma parte del pasado, porque el pueblo ya no volverá a hablar.

Odia el delito

Aprieta el calor, algo menos que los papeles de Bárcenas, y volvemos con la máxima socialdemócrata en materia penitenciaria. Dos expresidentes de los Ferrocarriles de la Generalitat salen de prisión al  mes y medio de haber entrado. Todo un récord, pues habían sido condenados a más de cuatro años por malversar cerca de tres millones de euros. Lo gracioso, y ahí ya tenemos el perdón del ofendido adherido al expediente, es que es la propia administración catalana, en teoría perjudicada por esta delito, la que concede el tercer grado a unos individuos que, según la junta de tratamiento, tienen la férrea voluntad de devolver el dinero. Se desconoce si el fiscal, aparente garante de la legalidad en una tierra sin ley, recurrirá una decisión que podría ser ajustada a Derecho-otra cosa es la infamia moral que supone el agravio comparativo-pero que contradice una reciente circular del Departamento de Justicia que fijaba que se debía tener cumplida la mitad de la condena para acceder a dicho beneficio penitenciario.

Una vez más, y despreciada la gracia del indulto en un delito de cuello blanco, la compasión por el delincuente-mandándolo a dormir a su casa de lunes a jueves-sepulta los fines de la pena y deja las sentencias firmes en una mera recomendación que al final examinan funcionarios a sueldo del poder ejecutivo, sin que el ulterior control judicial sobre la decisión inspire demasiada confianza en un respetable que sólo ve dos varas de medir en cada telediario y tertulia que se zampa. Imaginen ahora que el gobierno vasco tuviese competencias en una materia tan sensible como las prisiones y, ya puestos, calculen las cuadrillas de Bolinagas que felizmente andarían de txikiteo por tabernas y txokos. La descentralización administrativa consagrada en la carta magna era esto: alejar la justicia del pueblo y acercarla a las manos de los políticos.

Vísteme despacio

¿Que cómo lo veo, Don Luis? Pues yo, qué quiere que le diga, lo veo mal.

Algo así debió decirle Miguel Durán a Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real, aunque para consuelo del preso, y si bien es de tontos, mal, lo que se dice mal, lo tienen unos cuantos. Rajoy pudo torear la dación en pago y ya veremos si  puede hacer lo mismo con la dación de papeles. Porque los papeles, más o menos viejos y arrugados, acaban convirtiéndose en fundamentales a la hora de poner patas arriba un país como éste: recuérdese, si no, aquel primer comunicado de los GAL que apareció diez o doce años después de su elaboración y que había redactado Ricardo García Damborenea. Papeles, pues, con solera, como esos puros, aseguran, que junto a los sobres llegaban puntualmente a Génova 13.

Pero faltan los recibos, afirman los defensores de un sistema que se cae a trozos y que pretenden apuntalar en su propio beneficio. Es bastante probable que los recibos, o cualquier otro documento similar, acaben llegando a manos del juez, incluso alguna colilla de Montecristo con restos de saliva, por lo que en la Audiencia Nacional tendremos un baile de peritos calígrafos y químicos certificando lo que los apologetas del régimen señalan desde hace tiempo: que la política está mal pagada y que se recurre a los sobresueldos a fin de paliar tamaña anomalía. Y si bien flotará siempre en el ambiente la espinosa cuestión de las comisiones ilegales, ya sabemos por Cospedal que las mentiras, como las mordidas, no se documentan. Salvo que sean las mentiras de un programa electoral, claro.