Con el ansia de protagonismo que le caracteriza, el ministro del ramo ha decidido sanear la justicia con una ley de tasas que tendrá como máximos beneficiarios a poderosos y morosos y toda clase de incumplidores. Estaba cantado que un personaje tan arrogante como este sujeto debía pasar a la posteridad por una ley que fuese más o menos revolucionaria, y ésta lo es, tanto que ha puesto en su contra a partidos políticos y ciudadanos y operadores jurídicos. Ya será imposible llevar a los juzgados contencioso administrativos a los sinvergüenzas que llenan las maltrechas carreteras españolas de esos simpáticos radares.
Nos dice el ministro que la ley servirá para racionalizar la administración de justicia y dotarla de más y mejores medios, sin que esto garantice, se deduce fácilmente, que los funcionarios mejoren su salario ni recuperen los días de asuntos propios. Enorme optimismo que no osaremos poner en duda, y así, armados de optimismo y expectación, esperamos que al menos sirva para que tengamos mejores jueces-más no, que con este hachazo no serán necesarios muchos árbitros para tan pocos pleitos-y no asistamos a espectáculos tan penosos como el ofrecido por la Audiencia Nacional con la suelta obligada de los cabecillas de la mafia china.
Si con la reforma laboral echaron abajo la obra social del franquismo, con esta ley de tasas resucitan aquellas pólizas que despachaban los estancos cuando fumar era un vicio y no un lujo: esquizofrenia de un gobierno a la deriva que hasta ahora no ha empatado con nadie. Aunque para lujo, y siempre que están disponibles los impresos normalizados, pleitear a partir de ahora, o al menos hasta que el máximo intérprete de la norma fundamental se pronuncie sobre la constitucionalidad de la broma, algo que será-según costumbre inveterada de la casa-al cabo de unos cuantos años. Tal vez para entonces, y mientras la mayoría de españoles gozan del beneficio de pobreza, el ministro y su soberbia estén retirados de la vida pública.


