Rábulas tertulianos

 

Decíamos ayer que la actualidad informativa de España no es otra que la de la corrupción, es por ello que las tertulias, esa otra sede la soberanía nacional, echan humo con las soflamas de los periodistas o asimilados que ejercen de rábulas de incierto prestigio. Y así, en una tertulia televisiva un director de medio digital muy hostil al gobierno afirma que la negativa de la Mesa del Congreso a que se votasen unas enmiendas para pedir un adelanto electoral constituye un ataque contra la soberanía popular. Veamos, la Constitución española, vigente sobre el papel, en su artículo 1.2 nos dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español...Pero de ahí a confundir soberanía popular-de esto hablan los podemitas en la Taberna Garibaldi-con nacional hay un buen trecho, pero tampoco se trata de largar aquí un ensayo constitucional que a poco conduciría. No obstante, el tertuliano de guardia insistió varias veces-era ya un trasunto de Erich Honecker-con el término soberanía popular sin que el resto de cofrades le afeasen la chorrada.

En otra tertulia, esta radiofónica, pasaban cuentas con la declaración judicial de Zapatero ante el ropón de turno de la Audiencia Nacional. Micrófono en mano, uno de esos rábulas de vocación no entendía que el ex presidente del gobierno se negase a responder a las preguntas del fiscal, o más bien, de manera literal, que no colaborase con el Ministerio Público. Volvamos a ver, que no cuesta dinero: ¿debe colaborar el investigado, antaño imputado, con el togado que busca pruebas para hundirlo en la miseria? Lo nunca visto desde los tiempos de los inquisidores de El nombre de la rosa. Penitenciagite!, rábula tertuliano. Continuará…

Ropones y rábulas

 

Las noticias sobre la corrupción en España copan todos los informativos, tertulias y hasta programas del corazón, por lo que poco a poco todos los que pueden ver y escuchar, incluso los más profanos, van descubriendo los vericuetos del foro y sus curiosos protagonistas. Ya no es suficiente con saber si este juez es conservador o progresista o una cosa híbrida, sino que ahora vamos conociendo el pelaje de los letrados que defienden a esos presuntos corruptos. Así, ya sabemos que a X lo defiende un abogado especialista en llegar a buenos acuerdos con la fiscalía para evitar la prisión de su cliente, mientras que Z es asesorado por un rábula muy dotado para buscar, y hasta encontrar, causas de nulidad en el proceso. También sabemos que algunos de ellos han sido, hasta que les tentó el diablo con el vil metal, ropones de reconocido prestigio en la Audiencia Nacional, un tribunal anómalo cuya permanencia en el tiempo asombra a propios y extraños.

Como ha asombrado saber, y mucho, que un ex juez condenado por prevaricación y que ejerce la abogacía bajo el manto de la justicia universal pretenda ahora hacer el camino inverso y volver a la judicatura. Acabáramos. Será que no quiere perderse esta fiesta de ropones y rábulas. Por fortuna le han dicho que no. Continuará...

 

Papeles para todos

 

Muchas cosas sorprenden de la regularización masiva de extranjeros, o inmigrantes, o migrantes, como dicen los cursis que implementan, pero ninguna como esa posibilidad de legalizar la situación en España que tendrán aquellos que se encuentren en prisión provisional a la espera de juicio. Y así, de sopetón e improvisando, hemos pasado de exigir la carencia de antecedentes policiales a tolerar que puedan tener papeles aquellos que están a la espera de juicio y que, posiblemente, serán condenados un día no muy lejano. ¿Y entonces, qué?, se pregunta el personal que paga impuestos y que todavía cree en el imperio de la ley. Pues entonces nada, pues serán ya derechos adquiridos que no se podrán revocar, salvo improvisación de este legislador, lo que no parece.

Los promotores del despropósito alegan que negar esa posibilidad al preso preventivo sería vulnerar la presunción de inocencia a la que todos tienen derecho, principiando por la esposa del camarada Sánchez. Como fina y rebuscada técnica jurídica no está mal, que para eso el ministro Bolaños es rábula de reconocido prestigio, pero choca con aquello que dispone el Código Penal para aquellos extranjeros que sean condenado a una pena de prisión de más de un año, lo que sucederá en la mayoría de esos casos más tarde o más temprano. Pero ya estamos hablando del sentido común y de la justicia material, conceptos reñidos con un legislador tan corrupto como criminal. Y es como sentenció Quevedo, allí donde hay poca justicia es peligroso tener razón.

Los vulnerables

 

En Barcelona, ciudad sin ley, un hombre de más de sesenta años se desplaza en silla de ruedas y toma asiento en un banco para tomar el sol primaveral. De repente, un extranjero de los habituales para estos menesteres se acerca con ánimo de ave de rapiña y le arranca una cadena, ante lo que el hombre de más de sesenta años se defiende con una pequeña navaja y el presunto delincuente, herido de muerte, pasa a mejor vida mientras emprendía la huida.

Consecuencia de lo anterior es que el hombre en silla de ruedas acaba en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio. ¿Reiteración delictiva? No lo parece. ¿Riesgo de fuga? Quia. Al hombre en silla de ruedas y que necesita oxígeno de manera permanente le han hecho un bocadillo entre juez y fiscal, algo habitual entre ropones de reconocido prestigio. Ahora, y tras una cierta presión popular, parece que la fiscalía recula y dice que pedirá su libertad si se acredita que el hombre está en una situación vulnerable. Terrible redundancia, la de la vulnerabilidad de la víctima del delito. Pleitos tengas y los ganes.

Tribunales a la carta

 

El ministro de cultura, un mostrenco que, al estilo de su camarada Yoli Díaz, a duras penas sabe leer y escribir, ha entrado al trapo en el asunto de Julio Iglesias y aquellas poco creíbles denunciantes que relataban oscuros episodios de índole sexual ocurridos, presuntamente, muy lejos de nuestras fronteras y hace bastante tiempo. Puesto que la Audiencia Nacional se declaró, y con toda la razón, incompetente para juzgar al cantante, el ministro exige que lo juzgue otro tribunal. Y cuál, se pregunta el vulgo encogiéndose de hombros. Pues cualquiera, el que sea, barrunta el mostrenco Urtasun. Que uno se declare competente, da igual, aunque sea de la jurisdicción social o de la contencioso-administrativa, a quién le importa.

Explicar a esta gente la Ley Orgánica del Poder Judicial es harto complicado y no merece la pena, pero sus deseos, o más bien exigencias, demuestran a las claras su talante totalitario y poco respetuoso con la justicia. En el fondo, lo que quisieran el mostrenco y la Yoli, que ha sido demandada por Julio Iglesias, es que éste fuese juzgado en un ministerio, qué mejor que el de cultura, y a puerta cerrada, sin abogado y sin posibilidad de recurrir el fallo, que a buen seguro sería una condena. ¿La pena? Ya la pueden imaginar, pero iría en consonancia con los castigos que se imponían en aquellos procesos de Moscú. Y es que para muchos y muchas la vida sigue igual.

Odia el delito

 

Decíamos ayer, a cuenta del terrorismo etarra, que el aparente vencedor había sido derrotado en la práctica, en el día a día, que al final es lo que cuenta a la hora de hacer balance. En este sentido, van cayendo como gota malaya anécdotas sangrantes que dejan en mantillas la máxima penal de corte socialdemócrata que nos dice que hay que odiar el delito y compadecer al delincuente. En verdad, hay que compadecer a la víctima, y por difeerntes razones.

Y así, descubrimos que un etarra con largo historial en asesinatos cuenta con el apoyo del fiscal para que cuando obtenga la libertad, o un tercer grado que le permita tomar vinos con sus paisanos, pueda estar relativamente cerca de las víctimas de sus fechorías, de 50 kilómetros impuestos en sentencia a sólo 50 metros, ahí es nada. Si bien se trata de un tecnicismo que admite diferentes interpretaciones, no deja de ser curioso que el representante del ministerio público tenga el mismo celo que la defensa del terrorista en facilitar una cómoda y más tranquila reinserción social del verdugo.

Al final, no será descartable que las víctimas, para no sufrir más escarnio, sean las que deban alejarse de los criminales marchando bien lejos para no entorpecer la relación del criminal con sus seres queridos. Y ello por mandato legal y recogido en sentencia. Lo dicho, la derrota del vencedor.

Más control

 

El camarada Sánchez anuncia un plan para impedir que los menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. El camarada, cuando vienen mal dadas, véase el caos ferroviario, saca un conejo de la chistera para entretener al personal, lo que recuerda, salvando las distancias, a Stalin, que no tenía reparos en purgar a miles de disidentes y campesinos cuando la producción era una porquería.

De inicio, llama la atención que se fije el límite en los 16 y no en los 18 años, pero alguna razón habrá en el diseño de la norma que escapa al común de los mortales, como tampoco sabemos cuál será el control tecnológico efectivo para que esa barrera no sea burlada por el menor que decide ser un verso suelto y que a tan tierna edad, y pese a que no pueda votar, ya desconfía de cualquier clase de gobernante y que, como decía el clásico, no tiene interés en iniciar ningún camino de servidumbre. Pero el camarada Sánchez no da puntada sin hilo, y así, entre las medidas prometidas, hay una muy curiosa: implantar en esas redes una huella de odio y polarización. Para qué, se pregunta intrigado el vulgo. Pues para demostrar cómo esas plataformas alimentan la división y amplifican el odio. Acabáramos.

El concepto de odio está más o menos claro desde la óptica del gobierno, pero no ocurre lo mismo con la polarización. ¿Es sinónimo de sectarismo? ¿Tal vez división? ¿Por ventura estamos ante el cainismo con el que se adornan a garrotazos los españoles? Sólo el camarada Sánchez y su sanedrín lo saben. En cualquier caso, todo se traducirá en sanciones económicas y penales-más delitos en los juzgados-para dichas plataformas, o el algoritmo como enemigo a batir. Eso sí, y como colofón ante este nuevo campo de batalla, el PP reivindica la norma futura y nos cuenta que ellos ya propusieron en su día algo parecido. En fin, no parece que en esto último haya mucha polarización.

Aplauso

 

La primera sesión del juicio contra el Fiscal General del Estado ha dejado un espectáculo cuando menos curioso: en uno de los recesos de la vista oral el acusado ha sido recibido con una sonora ovación por parte del personal de la fiscalía. Siendo benévolos la ovación se puede interpretar como una muestra de afecto y solidaridad en un trance delicado; pensando mal, y dado el poco respeto por la justicia que tiene García Ortiz, debemos creer que estamos a ante una muestra de chulería y recochineo, el sostenella y no enmendalla que rodea siempre a este gobierno, ¿por qué, a fin de cuentas, para quién trabaja este Fiscal General?

El espectáculo a la búlgara recuerda mucho al que algunos jueces, fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional brindaron al juez Garzón cuando debió abandonar su juzgado al quedar suspendido por su imputación en un delito de prevaricación. Luego, el intrépido magistrado ya nunca más volvió a ese foro. Quizá estemos ante un presagio en lo que al Fiscal General se refiere y más que ante un aplauso estemos ante una despedida, lo que sin duda redundará en beneficio de la justicia.

Lawfare popular

 

El juez Peinado decide que la causa contra la esposa del camarada Sánchez se tramite por el procedimiento previsto en la ley del Tribunal del Jurado, algo lógico y normal por ser esta institución la competente para enjuiciar los delitos que se imputan a dicha señora. La resolución no ha sentado nada bien en el entorno de la familia socialista, que parece preferir el enjuiciamiento por un tribunal profesional, los magistrados de carrera de toda la vida. Pero aquí emerge una contradicción palmaria: ¿no habíamos quedado en que existía una conspiración gigantesca contra el camarada Sánchez y su entorno por parte de los jueces? ¿Qué fue de aquel lawfare que buscaba derrocar al Presidente y acabar con su obra excelsa?

Tiene su gracia que ahora algunos pongan en tela de juicio la solvencia de dicha institución cuando siempre había sido una conquista de la izquierda, no en vano fue un ministro socialista el que se empeñó en traer el jurado a España como consecuencia, eso dice la Exposición de motivos de la ley,  de un mandato constitucional. Pero Sánchez y su entorno sienten en el cogote el aliento del pueblo airado y, desdeñando que los miembros de esa institución son elegidos por sorteo, dicen que los experimentos mejor con gaseosa y que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sin embargo, que no desespere nuestro hombre, que al final y agotadas las instancias ordinarias en caso de condena siempre quedará el baluarte Pumpido, un valor seguro que como los buenos toreros siempre sale airoso con el peor ganado. Ése, y no otro, es el verdadero lawfare.

El cuerpo del delito

 

España es el país de maravillas. Al parecer, el pasado 25 de agosto un cayuco llegó a las costas de Canarias con bastante menos pasaje del que partió en su lugar de origen, que tampoco sabemos cuál es. Según los que llegaron sanos y salvos, y nunca mejor dicho, otros compañeros de periplo asesinaron a más de 70 de los ocupantes bajo la acusación, ahí es nada, de brujería. En realidad, suele suceder casi siempre, todo es más prosaico, y es que la embarcación llevaba un par de semanas en alta mar y aquello tenía que perder peso por la vía rápida, y a tiros acabaron con los presuntos brujos los que decieron ser más fuertes y osados.

No entraremos en consideraciones sobre la inmigración descontrolada y los futuros cotizantes a la Seguridad Social que se han quedado en el arroyo, pero sí que surge una cuestión interesante si atendemos a lo que al respecto explican fuentes policiales: que las pesquisas van por buen camino y que se puede identificar a los autores de la masacre, que ya están repartidos por centros de acogida y bienestar. Todo correcto y siguiendo el protocolo, pero…¿y el cuerpo, o cuerpos, del delito? ¿Y las armas empleadas? Asunto interesante para la maltrecha justicia española y en especial para los abogados de oficio del archipiélago, que ya no sólo lidiarán con la extranjería pura y dura sino que deberán asumir la defensa de los presuntos autores en un crimen de lesa humanidad. Y con lo poco que se cobra en estos casos. Veremos. 

Mareando la perdiz

 

Dicen que el Régimen del 78 se reinventa, o retroalimenta, cada día, y es una verdad incuestionable, casi como el segundo principio de la termodinámica. Y así, tras la imputación del hermano del camarada Sánchez por un juzgado de Badajoz, avalada por la Audiencia Provincial correspondiente, el Presidente de la Diputación provincial de esa circunscripción pone sus barbas a remojar ante la más que posible apertura de juicio oral contra su persona y busca la añagaza para marear la perdiz y que el hipotético juicio pase a otro tribunal para su enjuiciamiento. Aquello de los aforados de la cosa pública.

¿Y cómo? Pues entrado en la asamblea regional como diputado tras la renuncia de algún miembro, o varios, del partido socialista. La titular de un escaño ya ha dimitido, luego seguimos para bingo. Ante todo esto es imposible ignorar qué pretende el gobierno con su intención de modificar el acceso a la carrera judicial, amén de que sean los fiscales los que instruyan las causas penales: evitar que haya que llegar a estas martingalas tan poco edificantes. ¡Exprópiese!, que diría aquél: en este caso la justicia.

La rana y el escorpión

 

Pumpido, máximo abogado del sanchismo, se ha tomado muy mal la decisión de la Audiencia de Sevilla de llevar ante la justicia europea la amnistía encubierta que el Tribunal Constitucional otorgó a los condenados en el caso de los ERE. Era de esperar el cabreo, pero no tanto como para tomar un camino que va un poco más allá en su proceder natural de servicio al gobierno. Y así, no ha tenido reparo en plantear a sus compañeros de fatigas en el arte de retorcer la Constitución que hay que impedir que cualquier juez español acuda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa, ni más ni menos, de la legalidad, ese concepto que para Pumpido es una anécdota.

La cacicada de Cándido va más allá de la absoluta sintonía entre el magistrado y el camarada Sánchez, pues deja en evidencia, una vez más, la estrategia errática que sigue el Partido Popular en su relación con el gobierno. Si algo sacaba de quicio al sanchismo y a sus socios era el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y ahí apareció el moderado Feijoy, invocando la estabilidad y la razón de Estado y con el patrocinio de Bruselas, para desbloquear el asunto y continuar con el obsceno reparto de la justicia entre los dos grandes partidos. ¿Hay alguien con un poco de memoria que no recuerde la imagen del mostrenco Bolaños y del escritor de novelas eróticas González Pons sellando ese pacto? 

Y si bien es cierto que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, se comporta como tal desautorizando cada vez que puede al Tribunal Supremo, algo absolutamente improcedente. Y es que la arbitrariedad de Conde Pumpido, relacionada con esa lealtad mal entendida del Partido Popular, recuerda mucho a la fábula de la rana y el escorpión, salvo que en este caso no parece que el artrópodo vaya a perecer en la aventura.

Picha

 

Coincidiendo con el juicio a Rubiales por un piquito, una jugadora de fútbol le toca las partes íntimas a una rival y, no teniendo bastante, le pregunta de manera capciosa si tiene picha. Era inevitable que tarde o temprano surgiera un episodio de esta naturaleza en esa entelequia que es el fútbol femenino. Mas ése es otro debate, el del balompié entre mujeres, al que por higiene mental no se debe dedicar ni un minuto.

Pero en esta historia, en los tiempos de zozobra que corren, llama la atención que la fiscalía, tan agresiva contra el que fuera presidente de la federación, no haya abierto de oficio unas diligencias por si los hechos fuesen merecedores de alguna clase de reproche penal. Claro, que la fiscalía igual sigue los criterios de una notoria feminista que, como no puede ser de otra manera, lo tiene todo claro al respecto: no es lo mismo que un hombre toque los genitales  de una mujer a que los toque una mujer a otra, puesto que en el tocamiento del hombre a la mujer siempre hay una violencia estructural que no se da entre las mujeres. O sea, el machismo y el heteropatriarcado de toda la vida que hasta aquí nos han traído. Así que, mientras se aclara el enredo y por aquello del caso Rubiales, del que ahora sólo falta la sentencia, ya tarda la presunta agresora en sacar pecho y  afirmar… ¡no voy a dimitir, no voy a dimitir!

Hacia una nueva judicatura

 

El gobierno del camarada Sánchez quiere reformar muy a fondo la justicia, y dónde irá el buey bolivariano que no are. Claro, que el ínclito Bolaños nos asegura que lo que se traen entre manos es una modernización de ese maltrecho poder del Estado. Ahora, otra cosa son las leyes procesales a las que ya han hincado el diente para hundir al justiciable, nos debemos centrar en cuestiones de personal, esto es, jueces y fiscales y su acceso a dicha carrera.

Para este gobierno la cosa está clara y viene avalada por la más cruda realidad: jueces y fiscales son, y por una mayoría nada desdeñable, de talante conservador, luego algo habrá que hacer para equilibrar la balanza. ¿Y por qué son conservadores? Porque sólo los privilegiados, sostienen los promotores del invento, se  pueden permitir el lujo de mantener a sus hijos unos cuantos años hincando los codos, pagando manuales y preparadores-que también son jueces y fiscales-y por supuesto dándoles de comer, que del aire no se vive. Este razonamiento no se sostiene de ninguna de manera, pues son legión los jueces y fiscales de origen humilde que han alcanzado ese objetivo gracias a unos padres que creyendo a pies juntillas en eso que conocemos como ascensor social han hecho el esfuerzo necesario, renunciando a los pequeños placeres que alegran un poco la existencia.

Perseverando en el error, o más bien en la mala fe, pretende el ejecutivo establecer todo un sistema de becas para que los más desfavorecidos pueden estar esos años de estudio disfrutando de una paga que nunca será inferior al salario mínimo. ¿Y si el becado es un inútil o un pícaro que no aprovecha el tiempo? ¿Devolverá el dinero al contribuyente? ¿Quién se pronuncia sobre esa inutilidad o picaresca? No se sabe, porque los preparadores también están en el punto de mira, pues se trata de jueces y fiscales que no declaran al fisco, eso sostiene Bolaños, ese dinero extra que llega a sus bolsillos. Luego habrá que crear un cuerpo de funcionarios-será por dinero-para ese menester.

Si no conociésemos a este gobierno nos preguntaríamos por qué se desconfía de un sistema, la oposición pura y dura, que con todas sus imperfecciones ha demostrado ser el más adecuado de los posibles, pues garantiza el mérito y la capacidad para el desempeño de esa magistratura. De ahí que la reforma prevea un aumento del acceso a la judicatura por el llamado cuarto turno, o lo que es lo mismo, que otros profesionales del Derecho puedan acceder mediante la vía del concurso-oposición, y ahí entramos en el siempre peligroso terreno de los méritos, la solidez y rigor técnicos exigibles según el anteproyecto. ¿Y qué composición tendrá el tribunal que evalúe todo eso? Mejor no pensarlo, pero es fácil adivinarlo.

Veremos en qué queda todo esto, dadas las dificultades del gobierno para legislar, pero es evidente que estamos ante la tentación de crear, como aquel hombre nuevo del viejo socialismo, nuevos  jueces que distarán mucho de estar al servicio de la justicia. Y no será porque últimamente no hayamos tenido ejemplos de sobra en ese sentido.

Justicia y distopía

 

El gobierno del camarada Sánchez ha decidido cepillarse la acción popular, esa forma de perseguir el delito que tienen los ciudadanos cuando más o menos y de manera ordenada se personan en un causa en la que generalmente los imputados son políticos o asimilados con la finalidad de evitar que esos delitos queden impunes. El camarada Bolaños tira de eufemismo y sólo pide reformar-no habla de erradicar-esta figura para que deje de ser una feria de ultras, algo lógico si tenemos en cuenta que este gobierno pretende que la instrucción de las causas penales pase de los jueces a los fiscales. Y de quién depende la fiscalía, se preguntaba de manera retórica el camarada Sánchez en una entrevista televisiva. Pues del gobierno. Poco a poco y con paso firme se viene una distopía que haría las delicias de Kafka. Pero aquí sólo contamos con tertulianos y juntaletras que nos dicen que Sánchez está acabado. Que al menos no falte el optimismo.

Indefensión

 

Un anciano, más de ochenta primaveras, es condenado por matar al ladrón que entró en su casa con intenciones nada claras, al menos eso se deduce de la motosierra que portaba el amigo de lo ajeno. Lo curioso del caso es que el veredicto de culpabilidad viene de un jurado popular, lo que vuelve a demostrar que el pueblo soberano tiene muy asumidas ciertas cosillas íntimamente ligadas a lo políticamente correcto.

Lo más gracioso, no obstante, es que el fiscal, en su alegato final, decía que el anciano no había defendido su vida sino su propiedad, de ahí el castigo que solicitaba, y que debería haber huido y dejar al ladrón maniobrar con tranquilidad. Y es que es de sobras conocido que en España la propiedad privada no tiene defensa legítima: ¿cómo la va a tener si la carta magna de la que emana el resto del ordenamiento jurídico no reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental y asevera que tiene una función social? Al anciano le quedan los recursos pertinentes, y si no, magro consuelo, el indulto. Suerte para él.

La fiscalía, esa cruz

 

Un sacerdote de Barcelona es acusado de un delito de odio por la fiscalía-qué cruz-y debe pechar con una  petición de tres años de prisión: odia el delito y compadece a los fiscales. Su fechoría es haber dicho que el Islam radical quiere destruir la civilización cristiana y arrasar Occidente. Ojo, el Islam radical, no el Islam moderado, si lo hubiere, que igual nuestro acusado lo sabe y conoce. En cualquier caso, no es necesario desear suerte-pleitos tengas y los ganes-al sacerdote, ya que estas acusaciones son majaderías que no se sostienen ante ningún ropón y que sólo sirven para que determinados funcionarios justifiquen una nómina que no es magra.

No obstante, desde este humilde púlpito, y al margen de desear lo mejor para el sacerdote, le aconsejamos que la próxima vez-propósito de enmienda-sea un poco más certero y afirme que es esa secta conocida como Unión Europea la que con más ahínco y sobre todo con más poder quiere destruir la civilización cristiana y arrasar Occidente. Los otros, los del Islam radical, si acaso, son destructores secundarios que actúan bajo el patrocinio de la secta de Bruselas. Así, nuestro hombre se libraría de una imputación por odio. Fijo.

Fruslería constitucional

 

Todo el Congreso, salvo Vox, vota a favor de modificar el artículo 49 de la Constitución. De esta forma desaparece el término disminuido y entra en la cancha constitucional otro concepto más acorde con los tiempos que corren, el de personas con discapacidad. Gran reforma de la carta magna, justo lo que necesitamos. Ya de paso se añaden otras cosillas que nunca faltan en estos casos, como la especial atención a menores y mujeres con discapacidad. No parece, a simple vista, que lo de disminuido fuese algo muy ofensivo, pero los padres de la patria ha tenido a bien realizar ese cambio que a todos ellos llena de satisfacción. En cualquier caso, podemos  afirmar-hay cosas que nunca cambian-que el legislador sigue siendo un subnormal.

La piñata

 

Empezamos el nuevo año igual que terminamos el anterior, con concentraciones en Ferraz contra el camarada Sánchez. En esta ocasión hizo acto de presencia una piñata con la figura del presidente del gobierno, eso dice el atestado policial levantado al efecto, y que fue golpeada con saña por alguno de los allí reunidos. Como todo atestado tiene consecuencias, la policía ha citado a declarar como investigado al convocante del acto, presumimos que como presunto autor de un delito de odio. No procedió la autoridad de la misma manera cuando similares protestas tuvieron como objetos agredidos unas réplicas de Díaz Ayuso o el rey, por citar sólo un par de ejemplos.

Mucho tiene que ver este delito de odio con el llamado derecho penal de autor, doctrina que tiene en cuenta los antecedentes y la conducta del individuo anteriores al hecho presuntamente delictivo, algo que no casa nada bien con la presunción de inocencia. Pero eso a la policía, que está al servicio de un antiguo juez, le da lo mismo y actúa de oficio, por lo que cita a declarar al convocante sin saber si atizó a la piñata. Por su parte el PSOE, enarbolando como inquisidor de antaño la prueba diabólica, exige que Feijoy condene el acto y dé explicaciones de algo que nada tiene que ver con él ni con su partido. Pleitos tengas y los ganes y por si acaso mejor no declares.

El padre Roca

 

Los fastos del aniversario de la Constitución nos dejaron algunas perlas dignas de mención, entre ellas un parlamento de Miquel Roca, uno de los padres del artefacto que tanto bienestar y gloria nos han dado a los españoles. Decía el catalán que cuando redactaban la carta magna tenía delante a Manuel Fraga, otro de los progenitores de la cosa. Y el padre Roca se preguntaba y éste cuando me va a detener. Pero que luego, continuaba el ponente,  se hicieron amigos y hasta lloró su muerte. Estas palabras avalan el faso relato que nos han vendido sobre la Constitución y aquel período llamado Transición que suponía un abrazo de reconciliación entre españoles, cuando toda persona con unos mínimos conocimientos de historia sabe que allí y entonces sólo se reconciliaron los enemigos de España, largamente enfrentados, con ellos mismos.

Para el padre Roca Fraga era la personalización del franquismo y estaba allí para aportar a la futura Constitución la parte alícuota del régimen anterior, pues el padre Roca se ha hartado de decir que aquello era un pacto, un gran pacto. Nada más lejos de la realidad: nada hay en la Constitución, ni siquiera a nivel sociológico, de aquel régimen nacido tras la guerra civil, y sí hay mucho de aquellas izquierdas y nacionalismos que perdieron la contienda, desde la función social del derecho a la propiedad privada hasta el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, por no insistir en que España-artículo primero-es ante todo un Estado social ante que democrático de Derecho.

Luego estamos ante un pacto extraño, un poco desequilibrado, y quizá por ello el padre Roca nos dice que al final hasta lloró la muerte de Fraga. De bien nacido es ser agradecido. Qué menos.