El Régimen, que no descansa, ha
declarado la guerra a la empresa Desokupa, y lo hace de manera diversa. Primero
ha sido el ayuntamiento de Barcelona el que, tras los incidentes de la
Bonanova, ha denunciado a esta empresa por delitos de odio. Alegan los rábulas municipales que los
vecinos que se sumaron a las protestas contra los ocupas profirieron insultos
contra el alcalde de Barcelona. Eso, que parece ser muy grave, y que allí se congregaron
individuos con estética fascista, o nazi, que es peor, llegados desde la Meseta. En otro lugar más serio
el ayuntamiento denunciaría a los usurpadores de inmuebles, que además
delinquen por la zona de muy diferentes maneras, pero aquí la cabra tira al
monte y persigue a la parte más débil, que además es la más honrada.
Por otro lado, en el centro
neurálgico del Régimen, la ministra Belarra, con ganas de empitonar, anuncia una serie de medidas para
llevar la actividad de Desokupa al Código Penal, que si coacciones combinadas
con delitos de odio hacia personas en situación de vulnerabilidad. ¿No es
vulnerable al abuelo con exigua pensión al que ocupan una vivienda que le sirve
para llegar a fin de mes? Para este gobierno parece que no. Hasta el mostrenco Errejón,
que no ha visto un fascista en su vida, hace de claque y define a la empresa en
cuestión como una escuadra de camisas negras que amenazan con marchar sobre
Madrid.
En el fondo, todo este sainete no
es más que la evidencia de que vivimos bajo un sistema que no garantiza
derechos tan básicos como la propiedad privada y la tutela judicial efectiva.
Es por ello que la policía, como sucede en Barcelona, protege al delincuente
con la excusa de que así la sangre no llega al río y de esta forma se puede seguir con una mínima paz social.
Además, y como dice un tipo simpático en un programa de televisión, la
ocupación no es un problema tan grave, pues sólo afecta al 0,07% de las
viviendas de este país. Sólo le faltó añadir que ninguna de esas pocas
viviendas ocupadas era alguna de las suyas. Pues eso, hay que aguantar el tirón y,
caso de ser una persona mayor la víctima del delito, pasar la tarde en el cine
por los dos euros que promete el camarada Sánchez y olvidar el problema.
Como los bildutarras no han
tenido bastante con meter a muchos etarras convictos y confesos en sus listas electorales,
ahora Otegui coloca a un abogado de la banda-también convicto y confeso-en la
Junta Electoral de Álava. Un tal Txema Matanzas: al menos éste ya luce con el
apellido y no necesita un alias. Invoca Abascal una ley de partidos que
permitiría ilegalizar a Bildu: cuidado, no sea que el Régimen, aprovechando el trámite, se la aplique a VOX,
por molestar.
